Urbanismo litoralLa urbanización siempre ha sido uno de los principales problemas de la costa. Los años de auge de la burbuja inmobiliaria crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados, que el Banco de España, entre otros, definió como de “economía suicida”.
La larga duración de la fase del ladrillo y el hormigón y de bonanza inmobiliaria indujo a la población a habituarse a esta sinrazón, como si de algo normal se tratara. Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio (incluidos Espacios Naturales Protegidos) para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables. Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5% mientras la urbanización lo hacía un 25,4%. Este fenómeno, imparable desde hace cuatro décadas se ha ido extendiendo hacia los últimos rincones bien conservados del litoral como Murcia, Almería, Cádiz, Huelva y la costa cantábrica. En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo y, aunque la Federación de Promotores y Constructores estimaba en 2008 que España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, durante 2003-2007 se llegó a triplicar esta cifra. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica quedan millones de viviendas vacías o sin vender y los bancos y cajas se han convertido en la principal inmobiliaria del país. La Ley del Suelo daba como plazo 2011 para ejecutar los planes de construcción pendientes, tras el cual los suelos no urbanizados volverían a ser rústicos. Como medida “anticrisis” se ha prorrogado esta fecha hasta 2013, dando un espacio de nuevo a la construcción para seguir depredando el litoral. Greenpeace pide que se retome la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, basada en una gestión integrada de las zonas costeras, para frenar la presión sobre el suelo litoral; la aplicación de la Ley de Costas de forma estricta y un cambio de rumbo hacia un turismo costero sostenible. |
Ley de costasEn 1988, con la entrada en vigor de la Ley de Costas se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales del litoral y que pretendía ser un freno importante en el proceso de degradación de la costa.
La Ley 22/1988 de Costas define lo que se el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y las distintas servidumbres. Daba como plazo cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde del DPMT en la costa. Sin embargo en 2010 aún no se ha completado debido a que los distintos gobiernos estatales han aplicado este deslinde muy lentamente. La modificación de la Ley de Costas aprobada a finales de 2002 ha fomentado la ocupación más completa del espacio costero (llegando a autorizar construcciones a tan sólo 20 metros del mar) y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos en detrimento de la protección del litoral. Esta norma no sólo está amenazada por la falta de liderazgo en materia de protección de la costa de la Administración General del Estado sino también por conflictos políticos con las Comunidades Autónomas que promueven rebajas a la Ley de Costas para con ello legalizar lo ilegalizable Greenpeace considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas ni excusas, delimitando el dominio público, eliminando las construcciones ilegales del litoral y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). Los espacios naturales importantes deben protegerse y se debe prohibir toda construcción a menos de 500 metros del DPMT fuera de las zonas urbanas. |
Contaminación costeraLos últimos diez años han estado marcados por denuncias y sanciones de la UE debido al incumplimiento sistemático en España de la legislación en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas.
Lejos de cambiar, la situación ha ido agravándose con la llegada de nuevo requisitos ambientales desde Europa cuando todavía hay tareas pendientes de hace una década.El crecimiento mal planificado de las urbanizaciones en la costa no se ha acompañado de las instalaciones para la depuración de aguas o no al ritmo necesario para subsanar los graves problemas de contaminación. Años después de que se hayan vencido los plazos, aún existen muchas poblaciones que no cumplen con las exigencias de depuración de aguas. Por este motivo, en mayo de 2010 la Comisión Europea ha decido llevar a España al Tribunal Europeo por incumplimiento prolongado de la normativa comunitaria de depuración de aguas. En las rías gallegas, los vertidos industriales y urbanos y el tráfico marítimo han deteriorado la calidad de sus aguas hasta el punto de poner en riesgo sectores económicos tan importantes como la pesca, el marisqueo y el turismo. Actualmente, el 4,2% de la superficie total de los bancos marisqueros están clasificadas como zona C para el marisqueo. Andalucía cuenta con dos de los focos de contaminación más importante en el Polo Químico de Huelva y en la Bahía de Algeciras. A pesar de las graves consecuencias ambientales y sobre la salud pública de la contaminación generada y las denuncias interpuestas, las administraciones han mostrado una total dejadez y falta de sensibilidad respecto a los ciudadanos de la zona. Greenpeace demanda que se cumpla con la legislación en materia de contaminación y que se apliquen en los plazos establecidos las adaptaciones a las nuevas directivas europeas. |
PuertosTras la degradación del litoral se esconde también los proyectos de nuevos puertos y de ampliaciones que carecen de justificación económica y que destruyen importantes tramos de nuestra costa y de sus fondos marinos.
En el caso de los puertos industriales, el Ministerio de Fomento ha incumplido su promesa de racionalización de proyectos de nuevos puertos del Estado o de la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. Ante esta falta de iniciativa, las Autoridades Portuarias se han lanzado ha comerciar con los tramos de costa libres de edificación, compitiendo con otros puertos y sin atender a las consecuencias sociales, económicas y ambientales de sus proyectos. Sorprendentemente, todos los puertos industriales que planean una ampliación esgrimen el mismo argumento “convertirse en el mayor puerto de mercancías de España”. Con esta premisa se están promoviendo los siguientes Puertos del Estado: Pasaia (Guipuzcoa), El Musel (Gijón), Avilés, Langosteira (A Coruña), Bahía de Cádiz, puerto de Tarifa, El Gorguel (Murcia), Granadilla (Tenerife), Ibiza, Ceuta y Melilla. La proliferación de puertos deportivos ha sido imparable. En 2006 podían contabilizarse un centenar de nuevos proyectos para ampliar o construir puertos deportivos que aumentarían en 42.000 el número de atraques. En 2007 se sumaban otros 38.000 nuevos amarres. Todo ello enmarcado en un descenso en el número de matriculaciones de barcos y ante la media de uso de una embarcación recreativa es de 21 días al año. Las comunidades autónomas otorgan los permisos de construcción de estos puertos deportivos que privatizan grandes tramos de costa y ocasionan graves problemas de erosión y contaminación y producen la desaparición de muchos hábitats submarinos como las praderas de Posidonia. |